Es impensable analizar un sistema educativo sin
enmarcarlo en la época en el que éste se desarrolla pues "en cada época de una sociedad predomina un determinado sistema ideológico, que se intenta transmitir y reproducir; por tanto, debemos tener en cuenta las características de la época para entender qué pide la sociedad que enseñe la escuela". (Sánchez-Redondo Morcillo, 2004)
Así,
el contexto social se podría decir que es una de las claves para comprender el
tipo de educación que se imparte y las prioridades de la misma. Al analizar el
contexto social se pueden descubrir cuáles son las necesidades más urgentes de
las personas que la conforman. Así, según esas necesidades, las instituciones
educativas cambiarán los planes de estudio y, en muchos casos, las leyes
educativas, para intentar dar respuesta a dicho problema abandonando ya, en
algunas ocasiones, la idea sobre qué tipo de sociedad humana se quiere crear.
En
lo concerniente a la educación actual, ésta está claramente influenciada por
las trasformaciones socioeconómicas, políticas y culturales de nuestro país
propias del siglo XXI. Estas transformaciones vienen de la mano de la
Globalización que se define, según las palabras de Giddens, como “la
intensificación en escala mundial de las relaciones sociales que enlazan
localidades muy distantes, de tal modo que lo que ocurre en una está determinada
por los acontecimientos sucedidos a muchas millas de distancia y viceversa”. En
este sentido, tiene un papel sumamente importante el desarrollo de las nuevas
tecnologías ya que éstas son las que nos mantienen permanentemente conectados
con cualquier lugar del mundo y las que nos permiten acceder a una cantidad
casi ilimitada de información con un solo clic, lo que se conoce como sociedad
de la información.
Sin
embargo, las consecuencias de la Globalización no son, ni mucho menos,
positivas pues cada vez está abriendo más “brechas entre ricos y pobres, y
trayendo consigo la exclusión de millones de seres humanos en lo político,
social, económico y cultural” (Juliaca, 2013). Este sistema que favorece las
desigualdades sociales puede generar en una gran parte de los ciudadanos un
sentimiento de despreocupación ante su situación pues, lejos de apoyar a quien
más necesidades tienen, sus intereses van orientados a velar por unos pocos que
proporcionan mayor número de beneficios y son más rentables. Todo esto está
originando lo que se conoce en política como populismos que prometen a las
personas con menos recursos económicos, todo tipo de medidas que velen por sus
intereses y derechos cuando es evidente que hay cosas que no van a poder
cumplir aprovechándose de la situación tan precaria de algunos ciudadanos.
De
esta manera, hay una clara confrontación entre el contexto social que fomenta
la competitividad y las desigualdades sociales a través de la Globalización y
las instituciones educativas que, se supone, deben favorecer una serie de
principios recogidos en el artículo 27 de nuestra
Constitución como libertad, gratuidad, obligatoriedad, universalidad e igualdad.
Es curioso ver cómo en una sociedad donde predomina un sistema de clases
basadas en las desigualdades económicas se apueste por una educación cuyo principio
fundamental es “garantizar la igualdad de oportunidades” en un sistema
educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente. (Preámbulo I, LOMCE)
Y
es que, tras esta retórica tan embaucadora, la actual ley educativa lo que en
realidad pretende es reproducir la sociedad actual donde prima la
competitividad y la selección de los mejores favoreciendo así la segregación
pues la LOMCE apuesta ya desde el inicio en su artículo 67 bis por poner en
marcha una serie de medidas honoríficas para
los centros docentes con mayor calidad educativa como centros con aulas de
excelencia en Bachilleratos (selección de los mejores) y por la
individualización y competitividad (Diplomas de Aprovechamiento y de Mención
Honorífica) para así, seguir perpetuando el actual sistema de clases.
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